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La ley de California impide que se le expulse
La popularidad de Airbnb sube como la espuma. Lo que fue uno de los primeros ejemplos del éxito del consumo colaborativo a nivel global ha ganado tanta relevancia que el sector hotelero se ha terminado llevando las manos a la cabeza y pidiendo a las autoridades que impongan una regulación que les ayude a no perder la partida, al menos tan rápidamente. Al igual que Uber en el sector del transporte, Airbnb ha puesto en manos de los usuarios la posibilidad de gestionar directamente el alquiler de sus casas para estancias cortas. Pero lo que es una clara ventaja, prescindir de los intermediarios (y sus costes), tiene también su contrapartida, en forma de cierta falta de garantías de quién y para qué se mete en tu casa. Lo sabe bien Ari Teman, un neoyorkino que se encontró con un rodaje de pornografía casera en medio de su salón, y también lo ha descubierto recientemente la californiana Cory Tschogl, que se ha topado con un problema que teme cualquier casero: un okupa imposible de desalojar sin invertir tiempo y dinero. Tschogl es terapeuta, y trabaja en el área de la bahía de San Francisco ayudando con rehabilitación a personas con problemas de visión. Para poder pagar uno de los caros alquileres que tienen los pisos en la ciudad, decidió invertir y comprar un apartamento en Palm Springs, un conocido lugar de vacaciones a unos cien kilómetros de Los Ángeles, con la idea de alquilarlo por temporadas. Un inquilino sin referencias en la web Durante aproximadamente un año ofertó sin problemas en apartamento en Airbnb y en otras web de alquileres vacacionales, logrando así pagar el alquiler. Sin haber sufrido hasta entonces ningún disgusto con sus huéspedes, Tschogl cuenta en Business Insider que estaba muy contenta con el servicio de Airbnb, que era simplemente servir como punto de encuentro de oferta y demanda. Hasta que un usuario, llamado Maksym, contactó con ella para quedarse en el piso durante un mes y medio a causa de un viaje de trabajo. En la página de la compañía, los viajeros, igual que los anfitriones, tienen una sección de referencias en las que los usuarios que han hecho negocios con ellos previamente dejan sus comentarios, evaluando la experiencia. Las recomendaciones de la comunidad son la forma de saber si alguien es o no de fiar. Cuando Tschogl entró a comprobar el perfil del tal Maksym, este no tenía ningún comentario, algo que, a posteriori, cree que debió ponerla sobre aviso. En el momento, sin embargo, el intercambio de mensajes fue normal, nada sospechoso, y quedó en alquilarle el apartamento del 25 de mayo al 8 de julio. En total, 44 días. Puesto que en Airbnb los alquileres largos se cobran una vez al mes, ella cobró por adelantado el pago por los primeros 30 días. Hasta aquí todo fue bien y nada hacía pensar que los problemas estaban a punto de empezar. "Le pedimos que se fuese, pero no lo hacía" Porque no tardaron mucho. El primer día, poco después de entregarle las llaves del piso, el huésped llamó a la dueña con algunas quejas que ella consideró extrañas. No le gustó, por ejemplo, que el apartamento estuviese en un complejo cerrado, y consideró que el agua del grifo estaba turbia. Pidió el reembolso del alquiler, algo a lo que ella accedió, asegura, porque empezaba a darle mala espina la situación. Después de un intercambio de mensajes algo tensos, Tschogl decidió que quizá la mejor forma de resolver el problema era simplemente seguir adelante con el acuerdo de alquiler, quedarse el dinero y que el huésped se quedase en el piso el tiempo pactado Gestionar la devolución, sin embargo, fue difícil. Tscholg cuenta que ponerse en contacto con Airbnb requirió varios emails y llamadas, y que la empresa tardó dos días en responder. Con fecha del 27 de mayo, Airbnb le aseguraba que le había pedido a Maksym que se fuese, y que puesto que había pasado dos días en su piso, tenía derecho a quedarse con el importe correspondiente a ese tiempo. A todo esto, el hombre seguía en el apartamento, y sin ninguna intención de marcharse. "Se convirtió en una situación confusa. Tanto yo como Airbnb le pedimos que se fuese, pero no lo hacía". Después de un intercambio de mensajes algo tensos, Tschogl decidió que quizá la mejor forma de resolver el problema era simplemente seguir adelante con el acuerdo de alquiler, quedarse el dinero y que el huésped se quedase en el piso el tiempo pactado. Pero un mes después, la situación empeoró. El día 25 de junio era el momento de cobrar la segunda parte del alquiler, los 14 días restantes, y Airbnb comunicó a la dueña a través de un correo electrónico que no había recibido el dinero por parte del inquilino. De nuevo, ambos le pidieron que se marchase y, de nuevo, dos días después aún seguía allí. Y ahí fue donde la cosa empezó realmente a ponerse fea. "Estoy ocupando el domicilio de forma legal" El último día del acuerdo, Tshogl envió a su inquilino un mensaje en el que le advertía de que, si no abandonaba su propiedad, cortaría la corriente eléctrica del piso. "Espero que te vayas hoy tranquilamente y que no sea necesario recurrir a las autoridades". La respuesta del hombre dejó a la dueña aún más confusa y, sobre todo, preocupada. "He consultado con mi abogado. Como ya he dicho varias veces, estoy ocupando el domicilio de forma legal. Trabajo en casa y dependo de la electricidad, y gano de media al día entre 1.000 y 7.000 dólares. Si me cortas la electricidad, perderé dinero cada día. Pienso presentar cargos por chantaje, negligencia y conducta maliciosa, incluidos 3.800 dólares por una máquina de café expreso y las facturas médicas del hospital de mi hermano, que enfermó por beber el agua turbia del grifo. Lo que estás haciendo no sólo es ilegal, además es extremadamente discriminatorio y nos ha causado a mí y a mi hermano mucho estrés y sufrimiento. Maskym". Tras la sorpresa inicial, la mujer buscó consejo legal y, para su sorpresa, descubrió que el hombre tenía parte de razón. Según la ley de California, cuando alguien alquila una propiedad durante 30 días se le considera inquilino en un contrato renovable mes a mes. Para expulsarle es necesario lograr una orden de desalojo, algo que puede llevar de tres a seis meses conseguir y puede costar hasta 5.000 dólares en tasas legales. Llamar a la policía y pedirles que echasen al okupa no iba a ser posible. Mientras tanto, Airbnb ha dado un paso adelante, reconociendo que no actuó con suficiente rapidez y garantías y asegurando que pagará a la dueña el importe completo de los 44 días de alquiler acordados a través de su plataforma. "Nuestra respuesta inicial a este asunto no estuvo a la altura de los estándares que nos imponemos a nosotros mismos, y por ello hemos pedido disculpas a la anfitriona". Para ella, sin embargo, ese consuelo ya es poco. No culpa a la compañía de lo ocurrido, pero sí considera que tendría que hacer algo más por advertir a los dueños, responder más rápido ante las problemas y, quizá, asegurarles. "Miles de dueños de apartamentos de alquiler son vulnerables a estas situaciones, y no lo saben. El público tiene que saberlo, las autoridades tienen que saberlo y las webs como Airbnb tienen que saberlo, y mejorar sus políticas y procedimientos". En España también es imprescindible la orden judicial Para actuar en contra de un inquilino que se ha convertido en okupa, en España siempre es necesaria una orden judicial, según expertos consultados por Teknautas, igual que lo es para ejercer cualquier acción coercitiva por parte de un particular hacia otro. Es la única forma de evitar lo que en el Código Penal se denomina la realización arbitraria del propio derecho, o lo que coloquialmente llamamos tomarnos la justicia por nuestra mano. Es la única forma de evitar lo que en el Código Penal se denomina la realización arbitraria del propio derecho, o lo que coloquialmente llamamos tomarnos la justicia por nuestra mano De esta forma, un casero podría encontrarse en una situación parecida a la de Tshogl si su inquilino decidiese incumplir el contrato de alquiler, ya sea por dejar de pagar o por saltarse el final del contrato. A partir de ahí, y si la negociación y el arbitraje fallan como solución, el afectado tendría necesariamente que recurrir a los juzgados, exponer su situación y solicitar la intervención de un juez. En cuanto a la responsabilidad de la empresa mediadora, en este caso la web Airbnb, esta es bastante limitada y se refiere básicamente a la información que ofrece a los propietarios y a los huéspedes. Una vez puestos en contacto y llevado a cabo el acuerdo entre ellos, su papel en la transacción se limita a servir de vía de pago, y no se responsabiliza de la posible mala fe de uno y otro que pueda causar problemas.
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