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El boom del alquiler vacacional de pisos sigue imparable y campa a sus anchas en los principales destinos turísticos de España tras años de actividad libre y descontrol. Hoteleros, asociaciones turísticas y patronales mantienen su oposición y sus críticas a una práctica que consideran un foco de economía sumergida de dimensiones gigantescas. Nada parece indicar que el asunto vaya a cambiar en el futuro, al menos a corto plazo. Lo que comenzó como una competencia desleal al sector hotelero, que le obliga a luchar en inferioridad de condiciones, ha acabado por extrapolarse a otras actividades y afectar directamente a los residentes de los principales enclaves turísticos de Madrid, Barcelona o Baleares, así como a sus negocios.

Todos sufren en sus carnes las consecuencias en forma de escasez de inmuebles y precios prohibitivos, tanto para arrendar como para comprar. Una situación que, al calor del éxito turístico que vive España desde hace unos años, ha provocado que los alquileres se estén comercializando con tarifas más propias de hoteles de lujo que de viviendas. Los propietarios están aprovechando esta circunstancia y han emulado a los hoteleros disparando los precios para arrendar sus inmuebles. Ahora bien, sin haber invertido los millones que han dedicado los empresarios en los últimos años a reformar sus establecimientos y en muchos casos sin cumplir con Hacienda.

Todo ello amparándose en la mal llamada economía colaborativa, que llevan hasta el extremo. Y con unos colaboradores de excepción: las plataformas digitales comercializadoras de este tipo de inmuebles, también conocidas como P2P. Son las que se encargan de publicitar los inmuebles, muchos de ellos contraviniendo la normativa vigente, aunque les suponga afrontar cuantiosas multas de hasta 300.000 euros, como ha ocurrido en Baleares. Tampoco parece importarles ir en contra de los principales argumentos que emplean desde hace años para defender que lo que practican es economía colaborativa. Algo que a estas alturas de la película la inmensa mayoría cuestiona.

Para empezar, la plataforma digital líder en alquileres en todo el mundo, tanto turísticos como urbanos, la estadounidense Airbnb, siempre ha defendido que casi todos sus anfitriones alquilan su propia vivienda, ofreciendo al turista la posibilidad de pasar unos días en el destino compartiendo la vivienda con él. Nada más lejos de la realidad, la gran mayoría de inmuebles se ofrecen vacíos. Y los propios datos de la compañía desmontan esta justificación.

Solo en Mallorca el 87,5% de los alojamientos que se ofrecen en la web de Airbnb se corresponden con apartamentos vacíos. Un porcentaje que se mantiene en cotas elevadas en otras ciudades españolas como Málaga (76%), Madrid (64%) o Barcelona (46%). Unos datos que alejan a la actividad de su concepción original de economía colaborativa y se acercan cada vez más a lo que uno podría entender como negocio puro y duro. Sobre todo si observamos la evolución de la oferta. En los últimos dos años, y a pesar de las multas, Airbnb ha pasado de albergar a 11.271 anfitriones en Mallorca a los 14.858 que tiene ahora, un 31,8% más. Parece evidente que las recientes normativas aprobadas por los gobiernos autonómicos han logrado poner pequeños parches al asunto, pero todavía están lejos de solucionar el problema.

Si bien este tipo de plataformas se promocionan como meras intermediarias entre propietarios e inquilinos, detrás de ellas hay un negocio espectacular al que las administraciones no logran poner freno y que va mucho más allá de una simple labor de mediación. Empresas y usuarios particulares ya han visto el filón y se dan casos que ponen la piel de gallina, sobre todo a hoteleros y autoridades.

Según la página web independiente Inside Airbnb, que analiza las operaciones de la plataforma, en Mallorca una única persona tiene en oferta 752 inmuebles repartidos por toda la isla. Y del total, sólo 24 están en Palma, lo que da una idea del abanico de propiedades que maneja esta arrendadora que figura bajo el nombre de Angela. Pero no es el único caso, Top Villas tiene 224 inmuebles en alquiler y Foravila otros 193, si de grandes hoteleros se tratara. Y lo mismo sucede en Madrid o Barcelona. Mientras en la capital usuarios como Claudia o Home Select ofertan 179 y 101 apartamentos respectivamente, en la Ciudad Condal no se quedan atrás. Eva&Jacques dispone de 150 pisos en el mercado y bajo el nombre de Claudia encontramos otros 122. Todos ellos obedecen a seudónimos controlados por diversas empresas dedicadas al alquiler vacacional que aprovechan el tirón de Airbnb para hacer negocio. Eso sí, al contrario de lo que sucede con las compañías de alojamiento reglado, aquí se desconoce si los usuarios de estas plataformas acaban o no pagando impuestos como toca.

El portal de estadísticas lo advierte claramente cuando dice que «es probable que anfitriones con múltiples anuncios sean en realidad un negocio, es poco creíble que vivan en la propiedad, lo que supone una violación de la mayoría de legislaciones sobre alquiler de corta duración». Y por si todavía quedara alguna duda sobre el carácter colaborativo o no de la actividad, conviene recordar que Airbnb tiene actualmente una valoración en bolsa de más de 50.000 millones de dólares.

No obstante, desde la compañía norteamericana parece que se están tomando en serio la situación y a partir de ahora, los usuarios que quieran alquilar sus pisos a través de esta plataforma en Cataluña deberán dar su consentimiento para que sus datos personales puedan ser compartidos con las autoridades locales y regionales. Esta es una de las medidas que ha incorporado Airbnb para promover un home sharing (compartir hogar) responsable, en el marco de las conversaciones que mantiene desde hace un año con el Ayuntamiento de Barcelona para legalizar el alquiler de pisos turísticos.

Desde el pasado 1 de junio se puso en marcha una nueva herramienta tecnológica que »ayudará a los anfitriones (las personas que alquilan sus casas o habitaciones) a seguir las normas locales de turismo en Barcelona y Cataluña» y que facilitará al consistorio la identificación de los «malos actores».

Aunque está por ver la efectividad que pueden llegar a tener medidas como ésta, lo cierto es que de esta manera, antes de poder compartir su alojamiento, los nuevos usuarios de la plataforma tendrán que indicar si el inmueble en cuestión debe estar registrado por ley o no.

De la misma forma, deberán permitir que algunos datos personales, como su nombre, dirección o DNI, puedan ser compartidos con ayuntamientos y la Generalitat. Así se podrá verificar de manera más fácil si los alojamientos cumplen con la ley.

Fuente: El Mundo

http://www.elmundo.es/economia/2018/06/17/5b24099fe5fdea8b088b459c.html

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