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La oferta turística reglada no puede admitir que se le otorgue una ventaja fiscal a los nuevos entrantes, cuando los que cumplen la legislación turística y han llevado a nuestro país a ser el líder mundial de competitividad, se ven obligados a hacer frente a una carga fiscal superior a la de muchos países competidores, y además observan el trato favorable y discriminatorio a las viviendas privadas de uso turístico.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) aplaudió en su día el Decreto del Ministerio de Hacienda donde por primera vez se exigía información a las plataformas que comercializaban las viviendas turísticas, medida absolutamente necesaria para disminuir el escandaloso aumento de la Economía sumergida en el sector turístico, incluso para muchas de las viviendas que operan con licencia municipal.

Es por ello que no se alcanza a entender las razones por las que la   Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya recurrido esa Orden Ministerial diciendo públicamente que el proporcionar esa información necesaria, es imponer a las entidades una carga sustantiva y que restringe la competencia, así como la CNMC considera que algunos de los datos requeridos son innecesarios o desproporcionados.

Normativas similares existen ya en varios países de la Unión Europea sin que hayan sido recurridos por ninguna autoridad de Competencia ya que es más importante el interés general de todos los ciudadanos para acabar con la economía sumergida.

La propia Comisión Europea en un comunicado difundido ayer, dice “la normativa fiscal actual no se concibió pensando en las empresas que operan a escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física, las empresas digitales tienen un tipo impositivo medio efectivo que es la mitad del de los sectores económicos tradicionales

La oferta turística reglada no puede admitir que se le otorgue una ventaja fiscal a los nuevos entrantes, cuando los que cumplen la legislación turística y han llevado a nuestro país a ser el líder mundial de competitividad, se ven obligados a hacer frente a una carga fiscal superior a la de muchos países competidores, y además observan el trato favorable y discriminatorio a las viviendas privadas de uso turístico.  

Cabe recordar que todas las pymes españolas están obligadas a dar esta información y que la mayoría de empresas hoteleras incluso tienen la obligación de transmitir inmediatamente todas sus facturas por vía telemática a los servidores de Hacienda (Sistema de información inmediata) por lo que no se entiende esta oposición a proporcionar esta información por parte de las multinacionales que promueven el alojamiento privado.

El año pasado más de un 26% del total de los turistas se alojaron en este tipo de oferta no reglada, sin que la recaudación obtenida refleje el volumen real de actividad.

CEHAT exige a la Administración que promueva una legislación para que todas las empresas tengan que cumplir con las mismas normativas fiscales, entre ellos el deber de información   y considera que la legislación italiana o francesa, que obligan a las plataformas a recaudar e ingresar los impuestos, es la más apropiada para nivelar las reglas de juego.

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