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Corresponden a 230.400 plazas de las 500.000 que se calcula que existen actualmente | Las multas impuestas hasta la fecha ascienden a un millón de euros | Desde agosto se han detectado en Ciutat Vella otros 706 nuevos pisos sin licencia para operar de cara al turismo

En Catalunya se han legalizado en apenas dos años 230.433 plazas de apartamentos turísticos, que corresponden a casi 40.000 pisos y 227 edificios enteros, algo menos de la mitad de lo que la dirección general de Turisme de la Generalitat considera como potencial existente de este tipo de alojamientos, que cifra en medio millón de unidades. Estas cifras multiplican casi por 9 el número de plazas que había registradas en el 2013 (apenas 27.000, de las que el 80% estaban localizadas en la ciudad de Barcelona), cuando se puso en marcha todo el procedimiento de regularización. Esta operación se ha saldado con 477 expedientes sancionadores abiertos a propietarios y gestores, otros 55 expedientes sancionadores a comercializadoras on line y un millón de euros en multas, la más sonada de todas, la que se impuso a la plataforma de alquiler Airbnb.

Los datos a los que ha tenido acceso La Vanguardia hacen referencia a todo el territorio catalán a excepción de Barcelona ciudad, que tiene delegadas las competencias. Si se incluyera la capital catalana, el volumen de apartamentos legales que hay actualmente en Catalunya ascendería a casi 49.000 (9.606 de Barcelona más los 39.339 regularizados en Catalunya en estos dos años). Teniendo en cuenta este aspecto, en Girona es donde se ha registrado el mayor volumen de legalizaciones, el 41,5% del total, que corresponden a 16.434 apartamentos con una oferta de 95.772 plazas (véase el cuadro de la página 2). Lógicamente, la provincia sin costa, Lleida, está en la cola con sólo el 2,1% de la oferta total (845 apartamentos con 5.086 plazas).

Todas estas cifras son el resultado de una campaña de inspección que se intensificó en enero del 2013, principalmente en internet, al comprobar que es el canal preferente de comercialización de este tipo de alojamiento turístico y el que ha permitido a la administración ser más efectiva y obtener mayores resultados, muy por encima de los logrados a través de las vías de inspección convencionales, es decir, las presenciales. Así, tras rastrear alrededor de 2.000 páginas web y portales, Turisme realizó 253 requerimientos a titulares de los dominios web donde se comercializaban pisos ilegales solicitando información detallada de las propiedades. "Casi la mitad de los requerimientos fueron atendidos en mayor o menor medida", explican fuentes oficiales de Turisme. Del resto de los requerimientos, 75 siguen sin abrir boca y 55 han derivado en expedientes sancionadores, de los cuales ocho han acabado en multas. La más cuantiosa es la de 30.000 euros que se impuso a Airbnb.

"Si las webs a las que haces requerimiento no tienen domicilio en Catalunya, es muy difícil ejecutar un procedimiento", admite la directora general de Turisme de Catalunya, Marian Muro. A pesar de las dificultades para detectar la oferta ilegal, de los 477 expedientes abiertos que afectan a casi 2.300 alojamientos, la mayoría en la demarcación de Barcelona, en estos momentos hay ya 263 expedientes resueltos con multas que ascienden a la nada desdeñable cifra de 1.050.806 euros. Tras las sanciones hay una campaña de inspecciones, tanto presenciales como on line, que se pusieron en marcha en abril del 2013 dirigidas a la identificación directa de los propietarios o los gestores de los apartamentos. Así, desde entonces hasta ahora, se han llevado a cabo más de 7.000 inspecciones por todo el territorio catalán.

"Parece que los malos seamos la Generalitat al ordenar y dar cobertura jurídica a una modalidad de alojamiento que existía en forma de economía sumergida y que no contribuía de ninguna manera", se queja la directora de Turisme, tras las críticas que han recibido acusándolos de fomentar los apartamentos como modalidad de negocio turístico, sobre todo a raíz de lo sucedido el verano pasado en la Barceloneta. El origen de aquel episodio está, según Turisme, única y exclusivamente en problemas no resueltos de civismo y convivencia.

Más ilegales en Ciutat Vella

El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado, desde finales de agosto, otros 706 pisos en Ciutat Vella que operan de forma ilegal sin licencia como apartamentos turísticos. A raíz de la campaña de inspección especial que arrancó a finales del pasado verano por la crisis de los apartamentos en la Barceloneta, y que se extendió a todo el distrito en una nueva oleada de controles a finales de noviembre, las inspecciones llevadas a cabo desde entonces han hecho aflorar un nuevo contingente de pisos.

Hoy en día, el volumen más importante de ilegales sigue centrándose en la Barceloneta, donde hay detectados 452 apartamentos sin licencia, aunque de estos sólo se han podido verificar 182. Eso significa que en el resto, concretamente en 270, la visita de los inspectores, que han realizado una media de 2,3 visitas por apartamento, no ha dado fruto alguno y no se han encontrado turistas alojados en el momento de la inspección.

El Gòtic es el segundo barrio en volumen de detección (véase el cuadro adjunto), aunque la efectividad a la hora de verificar que realmente operan como apartamentos turísticos sin licencia cae en picado: 192 detecciones por 29 verificaciones. Más efectividad se ha conseguido en el Raval, donde de los 33 ilegales detectado se han verificado 29, con la consecuente apertura de un expediente sancionador.

Algunas de las inspecciones llevadas a cabo se han realizado después de recibir una queja vecinal por molestias, reclamaciones que desde el pasado diciembre se canalizan a través del Centre de Resposta Telefònica (CRT), un call center específico para atender las molestias ocasionadas por las malas prácticas en los apartamentos turísticos que se activa con la llamada al 092 y que el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha en el marco del plan especial de inspecciones.

Desde su arranque a finales de diciembre hasta ahora han pasado casi tres meses, periodo durante el cual se han recibido 316 llamadas de vecinos quejándose, principalmente por temas de ruidos en pisos. Según los datos aportados por el Ayuntamiento, de las 316 llamadas atendidas, 210 han correspondido a quejas que señalaban viviendas con un supuesto uso turístico y 62 más que correspondían a apartamentos con la correspondiente licencia. En ambos casos se han iniciado procesos de inspección y, en el de los apartamentos legales, se les ha abierto un expediente sancionador por falta de respuesta de los teléfonos de asistencia. Y es que uno de los principales requisitos que deben cumplir las viviendas de uso turístico es disponer de un teléfono de asistencia las 24 horas, no sólo para atender las posibles necesidades de los inquilinos, sino también posibles imprevistos como responder a una llamada de la Guardia Urbana por problemas de convivencia. Incumplir esta formalidad es motivo de sanción.

Cabe recordar que en Barcelona existen 9.606 viviendas con licencia de uso turístico, una cifra congelada por el nuevo Pla Especial Urbanístic per a la Regulació dels Habitatges d'Ús Turístic (actualmente en trámite administrativo) y que sólo puede ir a la baja en caso de que los propietarios o gestores de dichos pisos pierdan la licencia por molestias reiteradas y no atendidas. La nueva normativa está a la espera de que el equipo de gobierno logre apoyos políticos para que prospere su aprobación definitiva.

El plan especial parte de una realidad muy concreta. La Dreta de l’Eixample, donde no hay una moratoria como la de Ciutat Vella, está a la cabeza de las zonas con mayor presencia de apartamentos legales. Concretamente el 6,53% de las 26.741 viviendas existentes en este barrio son pisos turísticos con licencia (4.607 frente a los 604 de Ciutat Vella), el porcentaje más elevado, seguido de la Antigua Esquerra de l’Eixample (3%) y el barrio de la Sagrada Família con el 2,90%.

Número de registro a la vista

El último cometido que Turisme ha impuesto a los apartamentos turísticos es la obligación de hacer constar el número de inscripción en el registro de Turisme de Catalunya en todo tipo de publicidad, sea on line o no, una obligación vigente desde enero del año pasado y que ya ha comportado la apertura de 18 expedientes a quienes de momento no lo están cumpliendo. Se trata de un número de registro que permite ver con un simple vistazo que la oferta que se está publicitando es legal y, por tanto, ofrece garantías al usuario. “Vamos a ser implacables con esto para acabar con la indeterminación que hay en las webs”, advierte la directora general de Turisme, Marian Muro, consciente de que aún se está comercializando mucho alojamiento ilegal, pero también de que con este requisito, incorporado a la ley de Turisme a principios del 2014, se puede acelerar y mucho la detección de los ilegales por internet.

Fuente: La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150310/54428017655/catalunya-legaliza-pisos-turisticos-dos-anos.html

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