inicio
En el contexto actual, se me hace imposible abordar las novedades legislativas comunitarias que afectarán a nuestro sector sin analizar el huracán que amenaza los cimientos sobre los que se sustenta la Unión Europea. Salvo honrosas excepciones, con independencia del país europeo y de qué partido esté en el gobierno, los partidos de la oposición achacan todos los males económicos del país a la ineficacia del partido gobernante, mientras que el partido que gobierna cae fácilmente en la tentación de culpar a las agencias de clasificación de riesgo o a los especuladores que intentan explotar, en beneficio propio, el histerismo en el que caen los mercados. Y servidor se pregunta, ¿Cuando nos dirán la verdad? Que político europeo se atreverá a contar a la ciudadanía que el problema lo creamos nosotros, o mejor dicho, los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, cuando decidieron abandonar el proyecto de construcción de europea, y evolucionar hacia a una Europa intergubernamental, incapaz de gestionar la complejidad del puzle de intereses nacionales cruzados.
 
El 10 de setiembre del año pasado, en su artículo de El País ¿Qué le pasa a Europa? Ramón Jáuregui daba en el clavo cuando afirmaba que la historia europea de los últimos años ha ido mostrando la insuficiencia de sus avances en casi todos los planos en que se producía. Dicho de otra forma, cada avance era seguido de la constatación de su insuficiencia. Por ejemplo, la conquista de una moneda común sin una convergencia de las economías reales de los 16 países que la adoptamos (países como Grecia reconocieron posteriormente que habían falseado sus números para acceder a la moneda única sin que Bruselas tuviera capacidad de advertirlo y sancionarlo). Podría seguir con la creación del mercado común, la libertad de circulación, la supresión de las fronteras de Shengen, o la ampliación de la Unión Europea a 27 miembros sin haber reformado previamente las instituciones comunitarias, pero centrémonos en el ojo del huracán. A la política económica comunitaria le falta credibilidad y le sobran reuniones vacías de contenido del ECOFIN, Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea, con rescates-parche que son pan para hoy y hambre para mañana para los países que los reciben. Europa sólo dejará de verse afectada por las especulaciones de los mercados cuando el inversor recupere la confianza en la economía europea.

Y, ¿cómo se puede recuperar la confianza? La respuesta a esta pregunta es bien conocida pero hace falta valentía política, un bien escaso entre la clase política europea actual, lejísimos de los añorados François Miterrand, Helmut Kohl o Jacques Delors. Y no es otra que conseguir una política económica europea que incluya la integración de las políticas financieras y presupuestarias de la zona euro y una política fiscal común. Angela Merkel, y sus asesores financieros lo saben. En Alemania, cada día hay más voces autorizadas que instan a establecer una política fiscal común. El problema radica en que tales medidas implicarían cesiones de soberanía de los Estados miembros y éstos sólo accederán a ello si se ven muy presionados y no tienen otro remedio.

Otro motivo que justifica la necesidad de una política fiscal común es la lucha contra el fraude fiscal. Se estima que el fraude fiscal en Europa asciende a 250.000 millones de euros anuales. Semejante cantidad, un cuarto de billón de euros, bastaría para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal juntos y todavía quedaría dinero para otros menesteres, y todo ello con el importe que se defrauda en un año. Europa sólo podrá exigir cuentas saneadas y disponer de una normativa común cuando los impuestos sean también comunes en todos los territorios de la Unión. Mientras salga rentable fabricar el motor en Irlanda, montar el coche en España y diseñar la electricidad en Alemania, seremos un puzle de intereses donde el más honrado es el que más pierde, y el más “listo” el que obtiene una mayor ventaja competitiva. Eso sin entrar a valorar la existencia de paraísos fiscales británicos tipo Gibraltar, o los paraísos fiscales dependientes de Francia, Holanda etc.

Como les contaba en mi último artículo sobre el futuro del IVA, la Unión Europea quiere reformar enteramente el IVA con vistas a reforzar su coherencia con el mercado interior y su capacidad como fuente de ingresos. El contexto económico actual facilitará a la Unión Europea poder justificar un IVA con un único tipo normal para todos los bienes y servicios, y reducir al máximo la lista de bienes y servicios que puedan beneficiarse de un tipo reducido que también deberá ser el mismo en toda la Unión Europea.

Mientras no nos llegue la armonización del IVA, bien a través de una refundación de la política económica europea con una política fiscal común o bien a través de un Reglamento o Directiva que armonice exclusivamente el IVA, ¿Qué puede hacer el gobierno de España con este impuesto indirecto? Y ¿qué tipo de IVA puede aspirar que se le aplique la hostelería española por la prestación de sus servicios? Es fundamental tener claro que cualquier acuerdo sobre los límites máximos y mínimos de los tipos de IVA aplicables (Hungría, Suecia y Dinamarca aplican un 25%, límite máximo del tipo normal, mientras que Luxemburgo y Chipre aplican el 15%, límite mínimo del tipo normal) así como sobre los acuerdos sobre los sectores o productos que se pueden beneficiar de un tipo reducido (cuyos límite mínimo es un 5%) o súper-reducido de IVA (por debajo del 5%), requieren de la complicadísima unanimidad del ECOFIN.

En repetidas ocasiones, he sostenido que España no puede unilateralmente aplicar un tipo súper-reducido de IVA para las actividades turísticas. Una reciente consulta a la Comisión Europea nos despeja cualquier duda al respecto al aclararnos que si bien existe una disposición en la Directiva de IVA (artículo 114) por la que España queda autorizada al establecimiento de tipos súper reducidos (inferiores al 5%), ésta no puede ser invocada para introducir ahora un tipo súper reducido a las operaciones que España aplica, actualmente, un tipo reducido del 8%. Sin embargo, la Comisión Europea nos confirma que es posible establecer un segundo tipo reducido igual o superior al 5%, adicional al tipo vigente del 8%, para las actividades turísticas que, en la actualidad, disfrutan de un tipo reducido del 8% en España, sin que el establecimiento de este segundo tipo reducido esté sometido a procedimiento de autorización de la Comisión Europea.

Así pues, sería posible que en España, si así lo estimase oportuno el gobierno de la nación, los hoteles y restaurantes se pudieran beneficiar de un tipo reducido del 5% sin que el gobierno español tuviera que modificar el actual tipo reducido del 8% para el resto de sectores o servicios. Ahora bien, si ven a Angela Merkel muy seria dirigiéndose a la ciudadanía europea por televisión, váyanse olvidando de tipos reducidos y prepárense para lo peor, alguien estará a punto de contarles la verdad.

Por Didac García Carreté, Director de Asuntos Europeos de CEHAT
 
 
| Normas de uso | Política de privacidad | Contacte |
Gestor de contenidos
desarrollado por
C2C Soluciones Powered by
SPC v2016 ®
SPC