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La campaña de inspecciones y sanciones permite reducir esta práctica y recaudar más de un millón de euros

«Hay que ser contundentes con quien no cumple la normativa vigente porque creas un agravio comparativo que resta confianza en la Administración». Con estas palabras, la directora general de Turisme, Marian Muro, quiso dejar clara la postura del Govern para intentar acabar con una de las principales problemáticas que sufre el sector turístico catalán: los alojamientos ilegales. Por eso, las diversas campañas realizadas por la Direcció General de Turisme han permitido regularizar en dos años 39.339 viviendas de uso turístico y 227 establecimientos de apartamentos turísticos, lo que supone legalizar unas 230.435 plazas de alojamiento turístico, según datos de febrero.

Estas cifras suponen una regularización del 46% de las 500.000 plazas que Turisme cifró como las que potencialmente había en Cataluña en 2012. La mayoría de los alojamientos regularizados, un 41,5% del total, pertenece a la provincia de Girona, seguidos por Barcelona con un 32%, de Tarragona con un 24,5% y por Lleida. En enero de 2013 constaban registradas 5.432 viviendas, lo que supone unas 27.000 plazas, de las cuales el 80% estaban ubicadas en Barcelona.

Muro destacó que la mayoría de la actividad se concentra en Barcelona, «por el éxito de la ciudad», y en el litoral, donde comenzó el alquiler de viviendas turísticas. En declaraciones a este diario, detalló que hace tres años se tenía constancia de que los alojamientos turísticos tenían una demanda importante pero no sabía nada sobre ellos, ni sus características ni dónde estaban o cuántos eran. Por eso, decidió hacer aflorar estos alojamientos ocultos de forma consensuada con el sector turístico ya que pretendía que fuesen una oferta «de calidad, transparente y conocida». Turisme tenía dos objetivos «regularizar la actividad y ser estricto en la lucha contra la competencia desleal».

El primer paso fue sacar una normativa específica que permitiese darse de alta a estos alojamientos con unos requisitos mínimos, como la cédula de habitabilidad, además de trabajar en el proceso de categorización, a partir de llaves, que permitiese acreditar a cada establecimiento las prestaciones y servicios que ofrece al cliente. Muro recuerda que existen muchas dificultades para conseguir encontrar al propietario de un alojamiento turístico ilegal y que no sólo se consigue mirando en internet. Por eso, Turisme estableció dos preceptos que permitiesen legalizar este tipo de oferta: el primero fue establecer la responsabilidad solidaria del titular con el gestor de ese alojamiento y el segundo que toda vivienda de uso turístico que se publicita por cualquier medio debe tener un número de registro.

«Ésa fue la clave ya que invertimos la carga de la prueba y ahora cualquier vivienda que no tenga el número correspondiente para mí es presuntamente ilegal y su titular debe demostrar que no lo es», indica Muro, que recuerda las dificultades para conseguir encontrar este tipo de oferta turística irregular. A partir de esos requisitos normativos, Turisme empezó a hacer campañas de inspección puerta por puerta, a buscar gestores y comercializadores y a destinar unas 20 personas a rastrear internet para buscar estos alojamientos. De esta forma en 2013 se hicieron 3.300 inspecciones y se abrieron 167 expedientes y el año pasado, 3.500 inspecciones y 295 expedientes. La directora general indicó que los controles son más precisos y eficaces. También están diseñando la campaña específica de verano que contará con inspecciones presenciales durante la temporada a gestores y titulares en el litoral, además del rastreo por internet y con intermediarios. «Aquí no paras nunca», detalló Muro quien recuerda que se han dado oportunidades para que todos los propietarios regularicen.

Entre abril de 2013 y febrero de este año, se han realizado unas 7.100 inspecciones sobre gestores y propietarios de viviendas turísticas y, en menor medida, sobre titulares de apartamentos turísticos. Esta tarea ha desembocado en 477 expedientes -en su mayoría en la provincia de Barcelona pero sin contar la ciudad ya que las competencias las tiene el Ayuntamiento- de los que se han resuelto 263, que afectan a 556 alojamientos, con la imposición de unas multas que van entre los 3.000 y los 30.000 euros. Por eso, el Govern ha recaudado más de un millón de euros con estas sanciones. La directora general detalló que no todos los expedientes acaban en multa ya que «no tenemos una voluntad recaudadora» y lo que se intenta es que los propietarios y titulares regularicen las plazas ilegales. Los principales focos de alojamientos irregulares se encuentran en puntos del litoral y en Barcelona.

Sobre la normativa, Muro quiso puntualizar también que la Generalitat está limitada en dos aspectos. Por un lado, los acuerdos de la comunidad de propietarios inscritos en el registro que rechacen la presencia de la actividad de apartamentos turísticos en los inmuebles y, por otro, los planes de usos municipales. La directora general de Turisme destacó que la Generalitat hace un marco normativo pero que después cada ayuntamiento aprueba dónde quiere ubicar dentro de la localidad los diversos establecimientos o incluso ordenar una moratoria.

La realidad es que los alojamientos turísticos cada vez son más demandados por gente que no quiere ir a hoteles ni albergues, bien sea por ir con niños, por ir con mascotas o porque prefieren cierta autonomía que ofrecen este tipo de establecimientos. «Es un sector en crecimiento como modalidad alternativa para alojarte», indica Muro. Por eso, la Direcció General de Turisme incorpora este tipo de alojamientos regularizados en las campañas de promoción de destinos que se hacen en diversas ferias junto con hoteles y albergues. «Ahora incorporamos alojamientos turísticos como una oferta turística de calidad más», detalla la directora general.

Fuente: El Mundo

 

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/18/5559a59c268e3e32748b457b.html

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