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El sector hotelero Español, manifiesta su preocupación ya que las tarifas de las entidades de gestión como SGAE, AGEDI, EGEDA o AISGE vuelven a estar en el centro de la polémica.

La mayoría de los huéspedes de un hotel desconoce, que por el simple hecho de tener TV gratuita y en abierto,  y por tener música ambiental en zonas comunes como recepciones, piscinas, etc., el hotel se ve obligado a pagar unas tarifas entre otros a los representantes de guionistas, productores, autores, dobladores de películas , etc. Este asunto, ha sido motivo de fricción del sector ante las tarifas abusivas y arbitrarias que algunas de estas entidades pretendían, por lo que el sector vio con buenos ojos la aprobación de una ley de Propiedad Intelectual en el año 2014, que introducía criterios de equidad así como la creación de una Comisión que vendría a ser algo parecido a un árbitro neutral que dirimiera las cuestiones relativas a los derechos y su cuantificación.

Sin apenas tiempo para comprobar el funcionamiento del nuevo sistema, los grupos parlamentarios optan por modificarlo cediendo ante el poderoso lobby de las entidades de gestión, y lo hacen sin preocuparse por conocer la opinión de los miles de empresas del sector turístico, en su inmensa mayoría pequeñas y medianas empresas, que resultarán directamente perjudicadas por su decisión. Se han presentado unas enmiendas  al Proyecto de Ley que tramita el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de Propiedad Intelectual y éstas son las que  han hecho saltar las alarmas porque debilitan el ya de por si frágil mecanismo de control de esos precios que se había aprobado recientemente.

En muchas ocasiones se ha demostrado que las entidades de gestión han abusado de su poder en el mercado para imponer precios abusivos y discriminatorios. El sector hotelero ha sufrido directamente ese tipo de comportamientos y los ha tenido que combatir ante las autoridades de la competencia y los Tribunales de Justicia.

Después de muchos años de conflictividad, el Tribunal Supremo y la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia fijaron un conjunto de criterios para garantizar la equidad de los precios de las entidades de gestión. Esos criterios se trasladaron a la Ley, otorgando a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual -organismo independiente creado en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte-, la competencia para decidir los precios en caso de discrepancia entre las empresas del sector y las entidades de gestión.

Los grupos parlamentarios han decidido volver al pasado sin dar tiempo a que el nuevo sistema demuestre su eficacia. Saben que el pasado es oscuro, así lo determinaron los jueces y la legislación de los países de nuestro entorno, por lo que llama poderosamente la atención que se trata de impedir que las empresas turísticas tengan la posibilidad de discutir los precios que les imponen las entidades de gestión y, en caso de discrepancia, confiar en un tercero independiente para que decida el precio.

Por eso, para abortar el diálogo entre los agentes del mercado con reglas imparciales y por miedo a la independencia de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, las enmiendas persiguen, entre otros objetivos, impedir que asociaciones como CEHAT y muchas otras puedan utilizar ese sistema alternativo de fijación de precios ante un órgano independiente.  El sector hotelero reclama algo razonable y sensato: que las entidades de gestión no fijen los precios libremente y a su exclusiva conveniencia sino que estén obligadas a negociarlos con el sector y, a falta de acuerdo, que sea un tercero imparcial, independiente y especializado en la materia el encargado de decidir el precio a aplicar.

Hay que remunerar a la cultura con precios equitativos pero no con cualquier precio, hay que hacer posible el diálogo y no volver a un pasado que solo gusta al lobby de las entidades de gestión, hay que respetar la independencia de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual y se debe permitir que asociaciones como CEHAT puedan acudir a ese mecanismo de resolución de conflictos en lugar de inventarse nuevas reglas que lo hacen imposible. Para todo ello, es de todo punto imprescindible que los grupos parlamentarios reconsideren las enmiendas que han presentado y se alce la voz de decenas de miles de pequeñas empresas de hostelería, que se han visto obligadas a aceptar abusos a lo largo de lustros y que no aceptan de nuevo volver a la situación anterior a la imposición unilateral de precios desproporcionados.  

 

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