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El lobby de los municipios turísticos continúa moviéndose para frenar el boom del alquiler de viviendas turísticas sin regular (un fenómeno que se ha disparado gracias al auge de plataformas de intermediación como Airbnb) y aumenta su presión hacia el Gobierno central para que se implique a fondo y establezca una normatival a nivel nacional. Además, los ayuntamientos ponen el dedo en una llaga especialmente sensible para que el Estado tome de una vez cartas en este asunto: la seguridad.

En concreto, la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pide dos cuestiones básicas: la elaboración de un estudio sobre la situación actual del alquiler de vivienda de uso turístico en España (algunos ayuntamientos ya están elaborando censos) y que el Estado se implique en la regulación de este tipo de actividad.

"El objetivo es que haya una norma a nivel nacional que regule la actividad económica de este sector y que, al mismo tiempo, contribuya a garantizar la sostenibilidad y competitividad de la oferta turística en España", según ha informado la FEMP.

El Presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP y Alcalde de Palma, José Hila, junto con el Secretario General de esta Federación, Juan Ávila, mantuvieron este jueves una reunión con la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, con el fin de estudiar estrategias conjuntas en los temas que afectan a las Entidades Locales y definir la colaboración entre ambas instituciones, entre ellas, y como tema prioritario, el alquiler de pisos turísticos.

Según apunta José Hila, alcalde de Palma de Mallorca y presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP, se necesita una regulación a nivel nacional porque, entre otras cuestiones, atañe a la seguridad de los destinos.

"Es necesario que haya un registro de personas alojadas, al igual que ocurre en la oferta reglada”, dice Hila, quien ayer se reunió con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián.

Otro aspecto que hace necesaria esta normativa a nivel nacional, añade, tiene que ver con la "inexistencia de un control fiscal, dado que el alquiler de estos pisos no tributa como una actividad económica", indica la FEMP respecto a los pisos turísticos no reglados.

Ver también Lo tuyo es mío: contra la economía colaborativa así como El negocio de Airbnb en Barcelona: 3.812 pisos ilegales y 84 intermediarios

De momento, la FEMP ha constituido un grupo de trabajo, en el que está previsto que participe la Secretaría de Estado de Turismo, para analizar las implicaciones que tiene el fenómeno del alquiler para los ayuntamientos, dependiendo de la tipología de municipios.

Ver también Asián: "Hay que armonizar la legislacion sobre las viviendas turísticas" así como Las ciudades con sobrecarga turística pasan a la acción y Alianza de ciudades europeas contra Airbnb.

Fuente: Hosteltur

https://www.hosteltur.com/120304_presion-contra-airbnb-pasa-seguridad.html

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