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Se las acusa de evasión fiscal, falta de licencias, precariedad o competencia desleal

Turismo, transporte y empleo son los tres grandes bastiones de la economía colaborativa. Su impacto en estos sectores está transformando las relaciones tradicionales de producción y consumo, y también las laborales. Estos cambios se miran con recelo, desconocimiento, desinterés, lejanía o incluso temor desde el sector empresarial y el administrativo. Y mientras, los impulsores del modelo colaborativo se plantean cómo avanzar hacia la consolidación.

Las dudas sobre la legalidad, ilegalidad o alegalidad de las plataformas sin intermediarios -o P2P- son uno de los principales obstáculos hacia ese afianzamiento. El debate en torno a su regulación fue protagonista de varios debates durante el evento OuiShare Fest Barcelona (19 y 20 de noviembre), centrado en las oportunidades que ofrece el modelo colaborativo.

En primer lugar, hay un problema de ritmos desiguales: al tratarse de iniciativas disruptivas y de rápida adopción social, al regulador no le da tiempo a adaptarse. Y, en este proceso, se ve presionado por actores económicos tradicionales para ponerle coto o, como mínimo, buscar fórmulas que equiparen estas plataformas con los negocios ya establecidos en materias como la fiscalidad.

Adaptar sistemas impositivos

El error, según el director de Promoción de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -Antonio Maudes- es "intentar parar este modelo para estudiarlo". "Buscar respuestas sencillas puede llevar a errores y coartar la capacidad de creatividad e innovación social", sostiene. Por eso, propone que "en lugar de adaptar estas iniciativas a lo que ya hay, sean las administraciones las que adapten sus sistemas impositivos a unas plataformas que además tienen herramientas para recaudar".

En relación a la fiscalidad, la especialista en consumo responsable de OCU Amaya Apesteguía añade que "se trata de un problema serio, pero no de la economía colaborativa sino de las grandes corporaciones". "Lo que sí es clave es que todos los particulares que obtienen ingresos paguen impuestos", señala. Apesteguía entra en la esfera laboral, donde también la economía colaborativa es muy cuestionada. Su propuesta es aligerar burocracia y facilitar la tributación por parte de quien obtenga dinero a partir de estas plataformas, sin tener que darse de alta y pagar una cuota de autónomos que supere sus ganancias.

El presidente de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña, Salvador Duarte, señala que una solución posible sería "crear la figura del mínimo exento, que hasta ahora ha funcionado de forma jurisprudencial". Es decir, a través de sentencias que han reconocido que quienes no llegan a superar el salario mínimo interprofesional anual no están obligados a darse de alta como autónomos (aunque sí a abonar los correspondientes IVA e IRPF).

Esta podría ser una solución, por ejemplo, para los usuarios que comparten sus casas o sus coches a través de plataformas P2P, aunque no es la panacea. Lo que se cuestiona en ciertos casos es si la relación entre estas plataformas y sus usuarios debería ser de empleador y empleado. En junio de este año, la Comisión Laboral de California falló que una conductora de Uber debía considerarse empleada de la compañía, por estar la plataforma "involucrada en cada aspecto de la operación". En otros procesos similares, sin embargo, los jueces no consideraron que hubiera tal relación.

Tanto Duarte como el experto en derecho laboral Juan Reyes -socio del despacho Uría Méndez- están de acuerdo en que es importante conocer al detalle el funcionamiento de cada iniciativa, ya que variaciones sutiles pueden marcar la diferencia. Duarte propone otra alternativa: "analizar cómo podrían coparticipar de la propiedad de la plataforma los propios usuarios, ya sea mediante acciones o participaciones, o en una partida a final de año en concepto de retribuciones en especies".

Por otra parte, el mínimo exento también podría aplicarse a los usuarios de plataformas P2P de empleo o de trabajos bajo demanda -como la estadounidense Upwork o la española Etece- donde las ofertas van desde proyectos que pueden durar meses hasta minijobs de apenas unas horas. Sin embargo, no resuelve la criticada precarización laboral que se atribuye a estas plataformas, donde la competencia va de lo local a lo global, dependiendo del tipo de trabajo. Duarte asegura que esto supone "una desventaja clara para quienes tributan, cuyos costes de producción son sustancialmente mayores y por tanto no pueden ofrecer precios tan ajustados como quienes no lo hacen".

Frentes abiertos en turismo

En el ámbito del transporte y la movilidad también se cuestiona la legalidad de las plataformas P2P. BlaBlaCar está a la espera de sentencia tras una demanda de la patronal Confebus por competencia desleal. Un proceso anterior llevó a la prohibición de Uber. Y también ha habido intentos de ilegalización contra plataformas como We Smart Park, en la que lo que se comparte no es una casa o un coche sino una plaza de aparcamiento.

Algunos asociados de su red se dieron de baja del servicio cuando el gremio de propietarios de parkings hizo circular un nota interna. "Nos acusaron de ilegales por pactar precios, ya que nuestras plazas cuestan un 50% menos", relata el fundador y director general de esta plataforma, Jaume Mayor. La situación se resolvió sin llegar a juicio: "Les presentamos nuestros dictámenes legales y les demostramos que nuestra actividad ya está regulada, ya que trabajamos directamente con la persona que alquila la plaza o plazas".

Más compleja aún es la situación de las webs P2P en el ámbito del alojamiento. Concretamente, de las que facilitan compartir viviendas o apartamentos turísticos cuyos propietarios reciben dinero a cambio. Albert Arias, director del Plan Estratégico de Turismo de Barcelona, asegura que "la heterogeneidad de prácticas que se dan dentro de sitios como Airbnb obstaculiza el apoyo institucional". Se refiere, por ejemplo, "al hecho de que no retiren anuncios de pisos que no especifican su número de licencia, ya que no hacerlo es ilegal en Barcelona".

La plataforma ha dado un paso adelante con el objetivo de acercarse a las autoridades y a las agencias reguladoras, con un documento en el que adopta una serie de compromisos. El primero es tratar a cada ciudad de forma personal "para asegurar que la comunidad Airbnb paga las tasas correspondientes de turismo". El segundo es "ser transparentes con los gobiernos locales" y facilitarles datos como el promedio de días que es alquilado un apartamento, el porcentaje de personas que comparten su residencia habitual o la cifra de quienes evitaron el desahucio gracias a compartir su casa en Airbnb. Y el tercero es trabajar con los caseros "para que acepten una política de anuncio en la que solo aquellas residencias que son permanentes puedan alquilarse a corto plazo".

Normativa europea

Arias asegura que están dispuestos a avanzar en el diálogo "con Airbnb y con otras tantas empresas que hacen lo mismo". Su punto de partida -sostiene- es el proceso seguido en Ámsterdam, donde el Ayuntamiento ha legalizado Airbnb. La consejera Laila Frank -una de las personas implicadas en este proceso- recomienda a Arias "precaución" porque "lo que se regule hoy puede quedarse anticuado en poco tiempo" y "mucho cuidado de no poner reglas muy rígidas".

En Madrid, la mayoría de los apartamentos ofertados en las plataformas P2P incumplen el decreto que impide en que las viviendas de uso turístico puedan contratarse por menos de cinco días. La CNMC ha recurrido dicha norma, al considerarla "un obstáculo a la competencia". Por el mismo motivo ha requerido también al Gobierno de Canarias que modifique parte de su reglamento de viviendas vacacionales.

Maudes justifica la actuación de la CNMC: "Cualquier medida que se quiera introducir debe plantearse si es realmente de interés general o si, por el contrario, ejerce como mera barrera de entrada que facilita el mantenimiento de un modelo tradicional y puede hacer perder la oportunidad de generar ingresos". La abogada especialista en derecho de la competencia Rosa Guirado propone "desregular", es decir, "revisar la regulación existente, que constituye una barrera de entrada que ya no tiene sentido, aunque lo tuviera cuando se creó".

No obstante, Guirado cree que la complejidad del asunto requiere "una clarificación a nivel europeo". Coincide con ella Jean-François Collin, ministro consejero para Asuntos Económicos de la Embajada de Francia en España, que apuesta por el "fortalecimiento mutuo entre el modelo tradicional y el P2P". "Las ciudades no tienen una competencia de regulación tan importante", asegura. "Las soluciones- prosigue- tienen que desarrollarse a nivel europeo, ya que la economía colaborativa es algo global e inevitable, y favorable al desarrollo económico y a las condiciones de vida de la gente", concluye.

Fuente: El Mundo

http://www.elmundo.es/economia/2015/12/10/56606ec0268e3e4c048b45d2.html

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