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Tras el intenso debate producido en los últimos años en relación a la modificación de la ley de costas y al nuevo reglamento, el pasado 11 de octubre se publicó en el BOE Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

Desde CEHAT valoramos de forma positiva la reforma integral realizada en el ámbito de la Ley de Costas. El Reglamento pretende ser un instrumento eficaz para mejorar la seguridad jurídica y proteger el litoral. Para ello, el preámbulo del Real Decreto cita los principales aspectos que revisa el nuevo Reglamento. Define claramente aquellos terrenos que forman parte del DPH y cuáles no, para proporcionar mayor seguridad jurídica al administrado.

El Reglamento regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro, desarrolla un nuevo régimen para tramos en situación grave de regresión e incluye nuevos requisitos de ocupación para playas urbanas y naturales. También, desarrolla con detalle del régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones del artículo 2 de la Ley 2/2013, fijando el plazo máximo de las concesiones ordinarias en función de los usos, y que en ningún caso podrá superar los 75 años.

Otro aspecto importante que se introdujo en la ley y que se consolida en el Reglamento, es la posibilidad de poder realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de aquellas instalaciones que se encuentran en el dominio público marítimo terrestre así como en la zona de servidumbre, siempre que cumplan con unos criterios de eficiencia energética y ahorro de  agua  y  sin  aumentar  la  superficie,  el volumen o altura de la edificación. Creemos que esto podrá ayudar a incrementar la actividad de otros sectores, como por ejemplo el sector de la construcción. Este cambio favorecerá y mejorará la conservación de las propiedades privadas y dinamizará la actividad económica en aquellos lugares donde ya existía, sin que ello suponga un perjuicio para el medio ambiente.

Por último, otras de las peticiones por parte del sector empresarial, fue el establecimiento de una serie de requisitos técnicos para evitar la inseguridad jurídica  en la determinación de los máximos oleajes o mayores temporales conocidos para la delimitación del DPH. En este sentido, el artículo 4 del reglamento desarrolla dichos criterios estableciendo que el “límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio”.

Por tanto, la CEHAT quiere trasladar su agradecimiento por el trabajo que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la CEOE en este ámbito. Hemos estado varios  años trabajando en la modificación de la Ley y del Reglamento General de Costas y creemos que la reforma servirá para alcanzar una protección más efectiva del medio ambiente, aportar mayor seguridad jurídica, que hasta la fecha de hoy había sido deficiente, y para fortalecer la actividad económica en la zona del litoral.

 

Nota resumen RD 876/2014 – Reglamento General de Costas

ASPECTOS GENERALES

El pasado 11 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

El Reglamento pretende ser un instrumento eficaz para mejorar la seguridad jurídica y proteger el litoral. Para ello, el preámbulo del Real Decreto cita los principales aspectos que revisa el nuevo Reglamento: revisa los criterios técnicos para la determinación del dominio público hidráulico (DPH) y define claramente aquellos terrenos que forman parte del DPH y cuáles no, para proporcionar mayor seguridad jurídica al administrado.

Asimismo, regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro, desarrolla un nuevo régimen para tramos en situación grave de regresión e incluye nuevos requisitos de ocupación para playas urbanas y naturales.

Otro aspecto fundamental de este nuevo Reglamento, es el desarrollo con detalle del régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones del artículo 2 de la Ley 2/2013, fijando el plazo máximo de las concesiones ordinarias en función de los usos, y que en ningún caso podrá superar los 75 años.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

A continuación se detallan algunos de los aspectos específicos más importantes, sin perjuicio que existen otras modificaciones de calado en el reglamento, ya sean porque han sido peticiones de CEOE y CEHAT o por tu trascendencia e importancia para las empresas.

1.         Criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo-terrestre de la playa.

Desde el comienzo de la tramitación, desde CEOE y CEHAT siempre se ha solicitado criterios objetivos para la determinación de los máximos oleajes o mayores temporales conocidos para la determinación del DPH. El artículo 4 del reglamento desarrolla dichos criterios estableciendo que el “límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio

2.         Revisión del deslinde

La revisión de los deslindes de realizarán cuando existan modificaciones derivadas de la aplicación de los nuevos criterios establecidos en los deslindes ya realizados. En el caso de los titulares de terreno, que tras la revisión, se incorporen al DPH, pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento a través de una concesión otorgada por la Administración a partir de la fecha de la que se practicó el deslinde y por un plazo de setenta y cinco años.

Sin embargo, el Reglamento no establece un plazo máximo para la realización de la revisión de los deslindes. Este hecho podría provocar cierta inseguridad jurídica si no se ejecutan con celeridad dichas revisiones.

3.         Obras e instalaciones en DPH

Únicamente se podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no implique aumento de volumen, altura ni superficie. Dichas obras deberán suponer un aumento de la eficiencia energética obteniendo una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una letra B. Asimismo, cuando proceda, se deberán aplicar mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos que supongan un ahorro efectivo del consumo de agua. Dichas actuaciones deberán ser acreditas ante el Servicio Periférico de Costas o ante la Administración Autonómica mediante una declaración responsable.

4.         Prohibiciones en la zonas de servidumbre

El artículo 46 regula aquellas actividades que están prohibidas en la zona de servidumbre (100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera). Únicamente se permiten campamentos y campings debidamente autorizados con instalaciones desmontables. Los campamentos o campings se definen como la acampada organizada dotada de servicios y suministros establecidos por la normativa vigente.

5.         Playas naturales y urbanas de las playas

El artículo 67 del nuevo Reglamento regula que la catalogación de las playas será competencia de la Administración competente. El Reglamento, en la disposición adicional vigésimo cuarta, establece el periodo de un año para la catalogación de los tramos de las playas por parte de la administración competente. Mientras tanto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de pronunciará provisionalmente sobre el carácter natural o urbano para aquellas tramitaciones y otorgamientos de títulos de ocupación que se soliciten.

6.         Mantenimiento de establecimientos en playas naturales

Una de las cuestiones que más preocupaba a los “chiringuitos” y que desde CEOE se solicitó al Ministerio, era el mantenimiento de aquellos establecimientos de comidas y bebidas que disponían de una concesión en vigor pero que no cumplían con los nuevos requisitos de superficie de los establecimientos para los tramos de playas naturales. Al final la propuesta del Ministerio, a través de la disposición adicional vigésimoquinta y vigésimosexta, es permitir a los establecimientos que ya estaban ubicados en playas naturales al menos un año antes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, solicitar nuevas concesiones por periodos de cuatro años con las superficies que les fueron reconocidas previamente, siempre que se justifique la necesidad por razones de servicio público y no se produzcan daño al DPMT. Transcurrido dicho plazo, podrán solicitar nuevas concesiones, por el mismo plazo y con los mismos requisitos.

7.         Plazo de las prórrogas

Para el caso de las concesiones ordinarias, los plazos de las prórrogas serán los siguientes:

a) Destinados a vivienda y zonas asociadas: Hasta un máximo de 75 años.

b) Destinados a actuaciones ambientales: Hasta un máximo de 75 años

c) Destinados a restauración: Hasta un máximo de 30 años.

d) Destinados a actividades de explotación económica distintas a la de restauración: Hasta un máximo de 50 años.

e) Destinados a infraestructura de servicios urbanos, actividades sociales o comunitarias y dotacionales: Hasta un máximo de 50 años.

f) Destinados a instalaciones marítimas: Hasta un máximo de 50 años.

g) Otros usos no incluidos en los apartados anteriores: Hasta un máximo de 30 años.

Para las concesiones de actividades amparadas por la Ley 16/2002 de prevención y control de la contaminación, el órgano ambiental de la CCAA tendrá que elaborar un informe previo de carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido, tendrá que motivar las razones de interés general por las que lo hace. El informe de la CCAA deberá emitirse en un plazo de tres meses. Si no lo emite, se considerará silencio positivo según lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992.

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