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Los Gobiernos nacionales, y no la Unión Europea, son quienes deciden la cuantía de los impuestos. Lo que sí hace la Unión Europea es cerciorarse de que las normativas nacionales sean acordes con el gran objetivo europeo de crear empleo y no favorezcan a ninguna de las empresas de un país en detrimento de las de otro. La política fiscal europea se basa en los principios de mercado único y libre circulación de capitales.
 
Son, pues, nuestros Gobiernos quienes fijan los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre los beneficios de las sociedades, sobre el ahorro y sobre las plusvalías. La Unión Europea se limita a supervisar estas decisiones para garantizar que sean justas para el conjunto de la Unión. La tributación de sociedades es objeto de especial atención debido al riesgo de que los impuestos puedan dificultar la circulación de mercancías, servicios y capitales en el mercado único. Así, por ejemplo, los Estados miembros están sujetos a un código de conducta que prohíbe desgravaciones fiscales tales que falseen las decisiones de inversión.

Pero toda regla tiene excepciones, y en política fiscal una de ellas son los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que requieren la intervención de la Unión Europea. Esto se debe a la importancia fundamental del IVA para el correcto funcionamiento del mercado único y la competencia leal en toda la Unión. De ahí que sea la Unión Europea, y en concreto, el Consejo de Ministros de Economía (ECOFIN), quien fije los límites máximos y mínimos a los tipos aplicables. Además, las normativas y tipos del IVA deben respetar el principio básico de la Unión Europea de que las decisiones fiscales se toman por unanimidad. El ECOFIN autoriza excepciones a los tipos normales de IVA, por ejemplo, para bienes y servicios que no compitan con los de otro Estado miembro o productos básicos de consumo cotidiano, a los que se les permite aplicar los conocidos como “tipos reducidos” o “tipos super-reducidos” de IVA.

Es fundamental tener claro que cualquier acuerdo sobre los límites máximos y mínimos de los tipos de IVA aplicables (Hungría, Suecia y Dinamarca aplican un 25%, límite máximo del tipo normal, mientras que Luxemburgo y Chipre aplican el 15%, límite mínimo) así como sobre los acuerdos sobre los sectores o productos que se pueden beneficiar de un tipo reducido (cuyos límite mínimo es un 5%) o super-reducido de IVA (por debajo del 5%), requieren de la complicadísima unanimidad del ECOFIN. En repetidas ocasiones, los políticos en campaña electoral pretender ignorarlo con promesas imposibles de cumplir.

Después de esta breve introducción a la política fiscal comunitaria, permítanme que les narre la “batalla del IVA” (1992-2009), que aunque no la encontrarán en los libros de historia, causó estragos en la clase política europea. En virtud de unas medidas “provisionales” que duraron diecisiete años, adoptadas por el Consejo en 1992, los estados miembros tenían la facultad de aplicar el tipo de IVA normal o reducido para una serie de servicios, entre ellos, los servicios prestados por los hoteles. Sin embargo, sólo aquellos países que el 1 de Enero de 1991 aplicaban un tipo reducido de IVA a los servicios de restauración, tuvieron la facultad de continuar aplicándolo para tales servicios. La batalla del IVA acababa de empezar en aquellos países europeos cuyos servicios de restauración no podían beneficiarse de un tipo reducido de IVA amén de unas “disposiciones transitorias europeas”. El escenario no podía ser más confuso ni más propicio para el cultivo del euroescepticismo. Tengan en cuenta, que no sólo la restauración de algunos países europeos se sintió perjudicada al no poder beneficiarse de tipos reducidos de IVA. Todos aquellos sectores y productos que se sintieron “excluidos” de las excepciones establecidas por las “disposiciones transitorias de 1992” (servicios de asistencia a domicilio, calzado y artículos de cuero, peluquerías etc.), empezaron con sus particulares campañas de presión a sus respectivos gobiernos nacionales para poder beneficiarse de tipos reducidos o super-reducidos de IVA. Los políticos o gobiernos nacionales lo tenían fácil. La necesaria “unanimidad” del ECOFIN y la imposibilidad de llegar a un acuerdo global sobre qué servicios o productos podrían beneficiarse de tipos reducidos o super-reducidos de IVA, permitía a los distintos gobiernos nacionales achacar la culpa a Bruselas de la imposibilidad de cumplir con sus promesas electorales. Famosa fue la promesa electoral incumplida por Jacques Chirac a la restauración francesa que chocó frontalmente con la reiterada oposición de Alemania. El gobierno alemán no quería, bajo ningún concepto, incluir la restauración entre los servicios que se pudieran beneficiar de los tipos reducidos de IVA, con el argumento de que no tenía ningún sentido introducir tantas excepciones a un impuesto común y el miedo a que la restauración alemana llamara a su puerta para pedirles la aplicación de un tipo reducido de IVA.

Aunque toda esta historia parezca ajena a la hostelería española, cuyos hoteles y restaurantes ya se beneficiaban, gracias a las citadas disposiciones transitorias europeas, de un tipo reducido de IVA (7%), nada más lejos de la realidad. El acuerdo final sobre el IVA del ECOFIN podía implicar dejar fuera a hoteles y restaurantes de aquellos servicios que se pudieran beneficiar de un tipo de IVA reducido. De haberse producido, España hubiera tenido que pasar a aplicar el tipo normal de IVA (16%) a los servicios prestados por hoteles y restaurantes.

El anhelado consenso no se consiguió como la mayoría de los analistas predecían, en el último ECOFIN con 15 Ministros de Economía, antes que se incorporaran 10 nuevos países a la Unión Europea el 1 Mayo del 2004. A nadie escapaba que si un ECOFIN compuesto por 15 países no se había podido poner de acuerdo, más difícil sería con 25. El consenso sobre el IVA que ponía fin a unas “disposiciones transitorias” que duraron 17 años llegó con 27 Ministros de Economía y se materializó en el ECOFIN del pasado 5 de Mayo del 2009, con final feliz para la hostelería europea. Desde la entrada en vigor de la Directiva Europea 2009/47/EC el pasado 1 de Junio del 2009, tanto hoteles como restaurantes, si sus gobiernos nacionales así lo estiman oportuno, pueden beneficiarse de un tipo de IVA reducido.

Pero, ¿qué pudo desbloquear las reticencias de países como Alemania o Dinamarca para conseguir el deseado consenso? La respuesta es sencilla: la crisis financiera internacional y la necesidad de estimular sus economías con rebajas en los tipos de IVA aplicables en sectores clave, capaces de generar puestos de trabajo y reactivar el consumo. Así pues, entre otros, nos encontramos como Francia rebajó de un 19,5% al 5,5% el tipo de IVA aplicable a los servicios de restauración, mientras que Bélgica lo bajó del 21% al 12%. Incluso Alemania, desde el 1 de Enero del 2010, ha optado por rebajar los tipos de IVA aplicables a los hoteles del 19% al 7%.

España vuelve a remar a contracorriente. Mientras la mayoría de países europeos se aprovechan del acuerdo histórico del ECOFIN para rebajar el tipo de IVA de sectores claves capaces de reactivar sus economías, el gobierno de España cometerá el grave error de subir el tipo reducido de IVA aplicable a la hostelería del 7% al 8% a partir del 1 de Julio del 2010. Tampoco las propuestas de un tipo de IVA super-reducido del 4% para el turismo me parecen serias ni responsables. La nueva Directiva Europea, nacida del consenso obtenido en el ECOFIN de Mayo del 2009, establece que los servicios de hoteles y restaurantes se pueden beneficiar de tipos reducidos de IVA (a partir del 5%) pero no de los super-reducidos (menos del 5%) reservados a sectores como los alimentos o medicinas. Por eso, el mejor tipo de IVA que se podría aplicar a nuestro sector sería el 5%, a no ser que quien prometa un 4%, pueda conseguir en un tiempo record un nuevo consenso del ECOFIN, para que incluyan el turismo en los sectores que se benefician de un tipo de IVA super-reducido, o haga promesas a diecisiete años vista...

Por Didac García Carreté, Director de asuntos europeos
 
 
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