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Hacienda también ha fijado la proa contra los apartamentos turísticos ilegales cuyos propietarios no declaran los rendimientos obtenidos por el alquiler de su vivienda. Estos ingresos defraudados se estiman cuantiosos. El fraude de las arcas del Gobierno de España se suma al que también sufre la Generalitat, que estableció en el 2012 el impuesto turístico, y los ayuntamientos, en este caso el de Barcelona, porque no cobran la licencia de actividades. Más allá de que estas campañas deberían evitar criminalizar a todo un sector en el que ni todo el mundo defrauda ni todo el mundo es ilegal, lo cierto es que cabe aplaudir todas las pesquisas contra este fraude. En primer lugar porque significa una competencia desleal para el resto del sector y en segundo lugar porque pagar impuestos es la manera de asegurar que la administración podrá aplicar políticas correctoras que garanticen la convivencia, imprescindible para que los turistas quieran seguir visitándonos.

Fuente: La Vanguardia

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