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El director de Asuntos Europeos de CEHAT, Didac García, reflexiona sobre la necesidad de una normativa turística específica que regule la oferta de vivienda privada para uso turístico. A mediados de Octubre, presentará en la Asamblea General de HOTREC en Atenas los resultados del estudio de identificación de mejores prácticas internacionales en la regulación de la citada oferta. El problema se ha visto agravado estos últimos años con las nuevas facilidades de comercialización que ofrece Internet. El sector hotelero no puede permitirse inhibirse al respecto.
Las viviendas o habitaciones que se alquilan por días o semanas par uso turístico fuera de una regulación específica turística constituyen una realidad con la que el sector ha convivido o mal vivido, para ser más exactos, desde hace años. Hasta la fecha, todos los esfuerzos del sector turístico reglamentado (hoteles, apartamentos turísticos, campings…) para que las administraciones públicas hallasen una solución al perjuicio que les causa el intrusismo y la competencia desleal de los citados apartamentos privados para uso turístico han resultado estériles.
 
El problema se ha visto agravado estos últimos años con las nuevas facilidades de comercialización que internet ofrece propiciando un auge considerable de este tipo de alojamiento a nivel global. Pero no culpemos a internet de todos nuestros males ya que el mismo canal que las hace más accesibles para el consumidor final, también las ha hecho aflorar, haciéndolas visibles para que por fin seamos todos conscientes, legisladores incluidos, de la magnitud del problema. Y es que no perdemos de vista que una de las principales dificultades con las que se encontraba el legislador era llegar a identificar dicha oferta y evidenciar la irregularidad que se estaba cometiendo.
 
Aunque se trata de una realidad internacional, ya que como hemos podido comprobar el auge de este tipo de alojamiento ilegal está al orden del día de la mayoría de destinos turísticos internacionales, en España el volumen es considerable. Los motivos son bien sencillos. Por un lado, el atractivo turístico de España y por otro un marco legal favorable a esta práctica.
 
En la actualidad si la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la vivienda no regula el alquiler turístico y/o vacacional en su legislación turística (sólo lo hacen Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Asturias) se aplicará la Ley de Arrendamientos Urbanos. La LAU, recientemente modificada, deja esta actividad fuera del ámbito turístico al no contemplar la variada casuística relacionada con el alquiler de viviendas para uso turístico y/o vacacional, dificultando así el seguimiento y ordenación de la misma. El Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 ya contemplaba la necesidad de modificar para todo el territorio nacional la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo que concierne al alquiler de viviendas para uso turístico y/o vacacional.
 
Así pues nos encontramos ante una actividad económica que convive impunemente liberada de las obligaciones de cualquier tipo (fiscales y tributarias, de seguridad, de derechos de los consumidores, medioambientales etcétera) derivadas de las múltiples reglamentaciones y normativas que sí deben cumplir los alojamientos reglamentados generando así una situación flagrante de competencia desleal.
 
Al legislador no sólo debería preocuparle el cada vez más grave perjuicio que este tipo de competencia desleal le está causando directamente a nuestro sector y al propio Estado al dejar de ingresar unos 3.000 millones de euros al año en materia de impuestos, sino también por la falta de garantías de seguridad y/o calidad que este tipo de alojamiento ofrece al consumidor final.
 
Señor Ministro, promocionar la marca España en todo el mundo no es sólo bueno, es necesario,  pero no dude que la mejor promoción de nuestra marca es la satisfacción de los millones de turistas que visitan nuestro país cada año. Y sepa Usted que en el año 2012, casi 6 millones de turistas pernoctaron en alojamientos cuya seguridad y/o calidad no está controlada de ninguna forma precisamente por la falta de una legislación turística específica que regule la vivienda privada para uso turístico y/o vacacional.
 
A modo de ejemplo, la ciudad de Nueva York ha prohibido el alquiler de este tipo de viviendas para uso turístico hasta que no haya una ley que las regule. El razonamiento es simple. El hecho de que Usted tenga coche no le da derecho a realizar el servicio de taxi sin licencia en nuestra ciudad, ¿cierto? Pues mientras no haya una ley que establezca las condiciones para que la vivienda particular pueda estar autorizada y controlada para realizar el servicio de alojamiento, éste no puede llevarse a cabo.
 
CEHAT presentará en la Asamblea General de HOTREC en Atenas a mediados de Octubre los resultados de un estudio de identificación de mejores prácticas internacionales en la regulación de la oferta de vivienda particular para uso turístico. La velocidad con la que se ha propagado el auge de este tipo de alojamiento en internet ha perjudicado seriamente este verano a más de un destino internacional tradicional en varios países europeos. Sin entrar al detalle de lo que se analiza y propone en el citado estudio, lo que resulta evidente es que nos encontramos ante una situación excepcional que pone o puede llegar a pone en jaque la viabilidad del sector si no se toman las medidas legislativas oportunas. Y ante situaciones excepcionales sólo caben medidas excepcionales que pasarían por dotarse de una regulación turística específica que permitiera legalizar la citada oferta de vivienda privada para uso turístico siempre que ésta cumpliera con una serie de requisitos. De crucial importancia sería que la citada regulación contara con un sistema de inspección y sanción eficaz que desalentara la competencia ilegal y los graves perjuicios que ocasiona.

Por Didac García Carreté, director de CEHAT para Asuntos Europeos
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